El Gobierno de Estados Unidos ha destinado mil 600 millones de dólares para ayudar a una pequeña empresa estadounidense, Kaz Resources, a extraer tungsteno en Kazajistán. Hay un argumento sólido para sostener que una inversión de este tipo responde al interés nacional. China domina el suministro de tungsteno, un metal con aplicaciones esenciales en aeronaves, semiconductores, sistemas de misiles, municiones y otras manufacturas avanzadas. Estados Unidos debería hacer todo lo posible por romper el control que China ejerce sobre este recurso.
Y, sin embargo, ahí está el problema. Donald Trump Jr. y Eric Trump son inversionistas en Kaz, de acuerdo con un reportaje de The New York Times. Y su padre, quien ocupa la Oficina Oval, presionó personalmente, y con éxito, al Gobierno de Kazajistán para que otorgara a Kaz Resources una concesión minera.
Sobra decir que el presidente Donald Trump y sus dos hijos mayores no tienen experiencia en la industria minera, pero sí un amplio interés en obtener ganancias rápidas. Tampoco han dudado en aprovechar de manera sistemática el acceso al Gobierno y los recursos de los contribuyentes para impulsar sus intereses financieros. Así, incluso operaciones que podrían parecer maniobras inteligentes en materia de seguridad nacional terminan contaminadas por conflictos de interés derivados de operaciones lucrativas, paradójicamente, podrían debilitar esa misma seguridad nacional.
La administración Trump lo ve de otra manera. “Asegurar y relocalizar en Estados Unidos las cadenas de suministro críticas ha sido una de las principales prioridades del presidente Trump”, declaró un portavoz de la Casa Blanca al Times, al señalar que la Administración continúa “tomando medidas históricas para proteger la seguridad nacional de EU”.
Afirmar que todo gira en torno a cadenas de suministro y seguridad nacional, y no, por ejemplo, a la corrupción, forma parte del manual de Trump. El método consiste en negarlo todo y ofrecer la explicación más ingenua y evasiva posible. Y eso no debería sorprender a nadie.
Después de todo, aferrarse a exageraciones y mentiras evidentes y no soltarlas jamás, es parte central de la puesta en escena de Trump. Libre de culpa o vergüenza, el hombre más poderoso del mundo fantasea y tergiversa la realidad de manera rutinaria, a menudo en largas divagaciones improvisadas, sobre una infinidad de temas: desde la guerra con Irán, la energía limpia y su estado de salud hasta las deportaciones, la inflación, la economía y el gigantesco salón de baile que está añadiendo a la Casa Blanca. Ese campo de distorsión de la realidad que rodea a Trump también ha quedado plenamente expuesto: “El presidente Trump actúa únicamente en beneficio del pueblo estadounidense”, declaró un portavoz de la Casa Blanca a The Associated Press cuando la agencia preguntó sobre los miles de millones de dólares que él y su familia han acumulado recientemente. “No existen conflictos de interés”.
Una portavoz del negocio inmobiliario de la familia hizo eco de esa postura: “La Trump Organization opera completamente separada de la presidencia y cumple plenamente con todas las leyes de ética y de conflictos de interés”.
Sí, claro. Quizá exista un universo en el que los dos hijos mayores de Trump y su yerno, Jared Kushner, jamás hablen con el presidente sobre oportunidades de negocio potenciadas por su cercanía con la Casa Blanca, la estructura regulatoria y financiera del Gobierno federal, mandatarios extranjeros y negociadores públicos y privados que buscan obtener favores. Pero ese universo no es este.
La Casa Blanca y la Trump Organization pueden sostener que el presidente cumple con las normas sobre conflictos de interés porque tanto la Constitución como las reformas éticas aprobadas después del escándalo de Watergate prácticamente dejaron a la presidencia fuera del alcance de las reglas que sí restringen a otros funcionarios federales, incluidos integrantes del gabinete y jueces. Cumplir resulta sencillo cuando casi no hay nada que cumplir.
Trump ha aprovechado ese vacío con entusiasmo, y ha monetizado la presidencia con un apetito insaciable y sin precedentes que haría sentir orgullosos a cleptócratas como Ferdinand Marcos, de Filipinas, o Mobutu Sese Seko, de Zaire. En el camino, Trump, a quien algunos de sus críticos dentro del Partido Demócrata han apodado el “estafador en jefe”, también se ha esforzado por conceder indultos a defraudadores.
Las consecuencias están a la vista: maniobras financieras épicas entre las élites, muy por encima incluso de las de la llamada Edad Dorada, y una aceptación generalizada de las estafas, se han convertido en rasgos distintivos de la época.
Trump ha acumulado un historial notable para cualquiera que aspire a convertirse en un hábil operador de negocios. He aquí una muestra:
● Él y su familia han obtenido miles de millones de dólares en el mercado de las criptomonedas al abrazar una industria que el propio presidente llegó a calificar como una “estafa”, mediante una serie de acuerdos oportunistas y extraordinariamente favorables cuya rentabilidad aumentó gracias al respaldo del propio Gobierno de Trump. Al menos sobre el papel, las ganancias derivadas de las criptomonedas representan el mayor golpe financiero de corto plazo que ha conseguido en cerca de seis décadas como empresario. También han servido para apuntalar varias empresas privadas de Trump que atravesaban dificultades cuando dejó el cargo en 2020.
● La empresa familiar ha cerrado una serie de operaciones inmobiliarias y otras inversiones, particularmente en Medio Oriente, que se benefician enormemente de su presidencia. Varias de esas operaciones han coincidido con misiones diplomáticas en la región y podrían comprometer los objetivos y la seguridad nacional de EU. El caso más evidente fue un delicado y controvertido acuerdo sobre chips con Emiratos Árabes Unidos, concretado poco después de la victoria electoral de Trump en 2024 y que coincidió con una inversión de 500 millones de dólares de ese país en el negocio de criptomonedas de la familia Trump.
● Trump ha convertido en una auténtica industria el hecho de demandar a su propio gobierno por miles de millones de dólares. Esto implica buscar compensaciones por lo que considera agravios derivados de las investigaciones del Departamento de Justicia, al que acusa de haberlo perseguido injustamente durante los años que permaneció fuera del poder, así como por la supuesta filtración indebida de sus declaraciones fiscales por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS). “Donald Trump demanda a los Estados Unidos. Donald Trump se convierte en presidente. Y ahora Donald Trump tiene que resolver la demanda. Por la presente me concedo a mí mismo mil millones de dólares”, presumió Trump en un discurso sobre su litigio contra el Departamento de Justicia en diciembre pasado. El Departamento de Justicia de Trump intentó resolver el caso relacionado con el IRS mediante la creación de un fondo discrecional de mil 800 millones de dólares bajo el control del propio Trump. El acuerdo propuesto incluía otros beneficios para el presidente, sus empresas y sus dos hijos mayores: inmunidad permanente frente a auditorías fiscales federales. Los Trump podrían haber enfrentado pagos de hasta 100 millones de dólares al IRS derivados de una auditoría, aparentemente aún en curso, sobre deducciones fiscales impugnadas. Todo el acuerdo sigue empantanado en disputas políticas.
● Trump reveló en mayo que las casas de bolsa encargadas de administrar sus inversiones en valores realizaron más de 3 mil 700 operaciones individuales durante el primer trimestre de 2026; operaciones cuyo valor agregado se estimó entre 212 millones y 695 millones de dólares. Muchas de las empresas cuyas acciones pasaron por la cartera de Trump, compañías como Dell, Nvidia y Palantir, hacen negocios con el gobierno y habían recibido decisiones regulatorias favorables o elogios del propio Trump una vez concluidas las operaciones del presidente. ¿Pura coincidencia? La posibilidad de un conflicto exige escrutinio, pero la dependencia facultada para investigar posibles irregularidades, la Comisión de Bolsa y Valores, ahora responde ante Trump.. Y no olvidemos el proyecto del salón de baile de 600 millones de dólares ni la propuesta para una biblioteca presidencial de mil millones de dólares, ambos potenciales vehículos para canalizar dinero de interesados en obtener acceso a la Casa Blanca.
● Luego está, por supuesto, lo aparentemente menor. Como el contrato adjudicado sin licitación para reparar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln; los pagos de regalías por mercancía con la marca Trump; los distintos negocios derivados del evento de la UFC celebrado en la Casa Blanca; o los acuerdos de licencia relacionados con productos vinculados al nuevo aeropuerto de Palm Beach con la marca Trump. Saturar el espacio público con pequeños negocios cuestionables puede ayudar a insensibilizar a la opinión pública frente a los casos de mayor envergadura.
Los seguidores de Trump han sostenido durante mucho tiempo que simplemente es un buen hombre de negocios, mientras que otros argumentan que la política y la corrupción son inseparables o que las maniobras al estilo Trump también afectan al Congreso y al Partido Demócrata en un sentido más amplio.
Pues bien, los integrantes del Congreso, de cualquiera de los dos partidos, no deberían operar activamente en el mercado de valores. Los magistrados de la Suprema Corte no deberían aprovechar su cargo para obtener beneficios privados. Otros expresidentes tampoco debieron abrir la puerta a acusaciones de tráfico de influencias. Un gobierno limpio, ético y transparente es una necesidad, no una causa partidista.
Pero nadie en el Congreso, la Suprema Corte o las administraciones anteriores de la Casa Blanca se ha acercado siquiera a monetizar el poder a una escala comparable con la de Trump. Él buscó la presidencia por dos razones: los reflectores y el dinero. La política pública, los procesos institucionales y las necesidades de los votantes comunes siempre le resultaron aburridos. Los reflectores y el dinero, en cambio, siempre ocuparon el centro.
Hubo una época, no hace tanto tiempo, en la que incluso una pequeña parte de las maniobras de Trump habría bastado para descalificar a un presidente o a un alto funcionario. Watergate, el mayor escándalo político del gobierno de Richard Nixon, luce mucho menos impresionante frente al extenso catálogo de negocios cuestionables de Trump.
Existen formas evidentes de impedir abusos como los de Trump, pero eso tendrá que esperar hasta que ya no esté en posición de bloquearlas. Las leyes y normas federales en materia de ética deberían endurecerse y enfocarse específicamente en la presidencia; los presidentes recién electos deberían estar obligados a desprenderse de sus principales activos financieros y colocar los activos que conserven en un fideicomiso ciego administrado por un tercero; los presidentes no deberían poder negociar valores individuales mientras ocupan el cargo ni solicitar donaciones para proyectos públicos o privados; tampoco ellos ni sus familiares deberían participar en proyectos comerciales o financieros en el extranjero.
Tendría más esperanza en el futuro de ese tipo de reformas si los estadounidenses mostraran menos pasividad frente al saqueo de Trump. “¿Ya nadie se indigna?”, preguntaba la revista Time en un artículo publicado en 1972, durante el escándalo de Watergate. Por su conducta, Trump parece responder que el liderazgo moral es para los perdedores.
Lee aquí la versión más reciente de Businessweek México:
