Cada proceso electoral incrementa la atención sobre las decisiones del Instituto Nacional Electoral. Es natural: el INE organiza la competencia por el poder público y sus determinaciones son observadas por partidos, candidaturas, medios de comunicación y ciudadanía. Lo que no debería normalizarse es que toda diferencia política se convierta en una descalificación del árbitro.
El INE tiene atribuciones claramente definidas. Organiza elecciones, aplica las normas aprobadas por el Poder Legislativo, recibe y tramita las quejas que se presentan, investiga los hechos denunciados y adopta las determinaciones que corresponden. No puede actuar a partir de rumores, percepciones o presiones mediáticas. Tampoco puede crear infracciones ni sustituir las decisiones que competen al Congreso o las responsabilidades que corresponden a los partidos.
El debate sobre los actos anticipados de precampaña y campaña no es nuevo. Desde hace más de una década, los procesos internos, las nuevas formas de promoción política y las estrategias utilizadas para adelantar posicionamientos han puesto a prueba las reglas existentes. Los partidos conocen este problema porque lo han vivido, denunciado y debatido. Sin embargo, no han alcanzado los acuerdos legislativos necesarios para establecer un régimen más preciso y adecuado a la realidad política actual.
Frente a esos vacíos, suele exigirse que el INE resuelva mediante interpretación lo que no fue definido en la ley. Hacerlo significaría rebasar sus atribuciones y convertir a una autoridad administrativa en legisladora. No se trata de una posición de conveniencia: la Sala Superior del Tribunal Electoral ha establecido que la falta de legislación del Congreso no faculta al Instituto para exceder su potestad reglamentaria.
El criterio jurisdiccional es claro: el INE puede desarrollar la manera de aplicar una norma existente, pero no debe crear nuevas prohibiciones, infracciones, sanciones o restricciones. La ley debe determinar qué conducta se regula, quiénes son sus destinatarios, cuándo se actualiza y cuáles son sus consecuencias. Al Instituto le corresponde instrumentar esas disposiciones, no sustituir al Poder Legislativo.
Algo similar ocurre con la selección de candidaturas. Los partidos son responsables de decidir a quiénes postulan y de responder políticamente por esos perfiles ante la ciudadanía. Mediante la Comisión de Verificación de Integridad podrán solicitar voluntariamente que sus aspirantes sean revisados por las autoridades competentes.
El INE funcionará únicamente como canal institucional para remitir las solicitudes. La UIF, la FGR y las demás instancias especializadas realizarán los análisis correspondientes y comunicarán directamente a los partidos, de manera confidencial, si identifican un riesgo razonable. El Instituto no conocerá ni revisará esos resultados, no formulará recomendaciones y tampoco podrá vetar candidaturas.
Si después de recibir una alerta un partido decide mantener una postulación, tendrá que asumir la responsabilidad política de esa decisión ante la ciudadanía. Al INE no le corresponde calificar la probidad de las personas ni sustituir a los partidos en la selección de sus perfiles. La deliberación en el Consejo General es pública y forma parte de la vida democrática. En la herradura de la democracia se exponen argumentos, se contrastan posiciones y se adoptan decisiones colegiadas que pueden ser revisadas por el Tribunal Electoral. Pero la herradura no es el lugar donde los partidos ganan una elección.
Las elecciones se ganan en el trabajo de campo: recorriendo comunidades, escuchando a la ciudadanía, presentando propuestas, formando estructuras, convenciendo electores y obteniendo votos. El INE no concede triunfos ni fabrica derrotas. Su responsabilidad es garantizar que todas las fuerzas compitan bajo las reglas vigentes y que la voluntad ciudadana se traduzca fielmente en resultados.
Los partidos tienen derecho a cuestionar las decisiones de la autoridad electoral y a impugnarlas por las vías legales. Lo que no ayuda a la democracia es convertir cada desacuerdo en una acusación contra el árbitro; o trasladarle las consecuencias de decisiones políticas y omisiones legislativas que no le corresponden.
El proceso electoral de 2026-2027 exigirá responsabilidad de todas las instituciones y fuerzas políticas. Al INE le toca organizar la elección con legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad. Al Congreso, ofrecer reglas claras. A los partidos, cumplirlas; y en su caso presentar denuncias cuando consideren que han sido vulneradas y competir por la confianza ciudadana.
La democracia necesita un árbitro firme e imparcial, pero también jugadores dispuestos a asumir su responsabilidad. Porque las elecciones no se deciden con el volumen de una acusación ni con el debate en la herradura de la democracia: se deciden con el voto libre de la ciudadanía.
