“I would prefer not to” o “preferiría no hacerlo”, es la frase con la que Bartleby, el protagonista del cuento de Herman Melville declina cada tarea hasta morir a causa de ello.
Bartleby es contratado por un abogado de Wall Street como copista en su despacho. Al principio, trabaja con esmero, pero un día, cuando su jefe le pide que revise un documento, él responde simplemente: “I would prefer not to”. A partir de ese momento y con el mismo enunciado, el escribiente mantiene una omisión sostenida, mediante la cual rechaza hasta el último plato de comida y muere de hambre.
Tal actitud de negativa pasiva se hace presente en el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado 11 de mayo, sobre la desaparición forzada en México. Uno que documenta las características de este crimen en nuestro país y señala sus condiciones de posibilidad, entre ellas: el Estado – como Bartleby – que prefiere no hacer, no saber, no investigar, no detallar.
La palabra técnica para dicho comportamiento es aquiescencia, del latín acquiescere, quedarse quieto. El diagnóstico de la CIDH sobre las desapariciones en México tiene como punto central esa pasividad de quienes, sin oponerse ni objetar, permite que otro actúe en perjuicio de un tercero.
La Comisión Interamericana enfatiza que el alto número de desapariciones, donde ha prosperado el crimen organizado, hace imposible sostener que las autoridades no tenían conocimiento de ello; sino que, más bien, prefirieron no saber. Un problema que tiene como punto central el “I would prefer not to”.
En México, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada establece que comete este delito quien, con autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive la libertad a una persona. La Convención Internacional usa exactamente los mismos términos. Sin embargo, aunque la palabra aparece en la ley, falta su definición precisa. No se explica qué conductas configuran cada uno de esos tres grados de responsabilidad social – autorización, apoyo y aquiescencia –.
Basta con decir que la aquiescencia más tenue implica: tolerar, voltear la cara y no impedir sabiendo lo que ocurre. Ese vacío resulta funcional para un Estado que prefiere no ver: sin umbrales legislativos, la conducta no se puede imputar y los cómplices por silencio quedan exentos.
El informe indica que la característica principal de México, como en Bartleby, es preferir no notar; mirar hacia otro lado mientras el crimen organizado actúa y, también, destaca la participación directa de policías estatales en algunos casos documentados. Claro que la desaparición forzada en nuestro país es distinta a la del cono sur, donde las dictaduras tenían listas, vuelos de muerte, centros clandestinos con dirección conocida.
El diagnóstico del informe confirma lo que se ha explorado en este espacio: al corte de junio de 2025, cuenta más de 128 mil personas desparecidas; así como 70 mil cuerpos no identificados. Corrobora, asimismo, una alta concentración de hombres jóvenes desaparecidos y afectaciones desproporcionadas contra niñas y adolescentes, vinculadas al reclutamiento forzado y a la violencia sexual. Precisa un subregistro de las personas migrantes; la falta de datos desagregados para las personas LGBTI+; así como la desaparición de defensores de derechos humanos y periodistas por ejercer su labor. Como consecuencia de esta diversidad, una de las 40 recomendaciones que emite la CIDH, es que las políticas de seguridad adopten enfoque diferenciado por grupo.
Otra recomendación importante va en torno a la acquiesencia. Que México legisle su contenido: qué significa voltear la cara ante una desaparición masiva, qué responsabilidades penales conlleva, qué convierte a un funcionario en cómplice por omisión. “I would prefer not to”, repite Bartleby hasta que ya no queda nada, hasta que él mismo muere. ¿Cuánto tiempo más el Estado mexicano va a “preferir no hacerlo”?
X: @marlenemizrahi
