La primera propuesta de regulación sobre medios de disposición, que establecía límites a cuotas de intercambio de 0.6% para crédito y 0.3% para débito, fue retirada a inicios de este año tras varios meses de consulta, al concluirse que no tomaba en cuenta las diferencias entre distintos modelos de negocio y servicios.
Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mencionaron que la nueva propuesta incorporará los comentarios de la industria y habrá acercamientos con los diferentes actores interesados. Ahí está la verdadera oportunidad, y no podemos dejarla pasar. Si el objetivo es fortalecer la competencia y eliminar barreras, el camino es diseñar una normativa que reconozca la naturaleza especifica de cada actor y proponga un tratamiento a medida en función de los diversos modelos bajos los cuales cada uno opera, construyendo un marco moderno de interoperabilidad, que elimine barreras al tiempo que fomente la innovación y fortalezca el sistema de pagos.
Lo he sostenido desde el primer borrador de esta regulación: sobrerregular no protege al usuario, lo deja fuera.
Elevar barreras de entrada, castiga por igual a quien genera el riesgo y a quien no, y desincentiva exactamente la innovación y la competencia que busca proteger.
La nueva versión del proyecto de disposiciones tendrá la oportunidad de corregir eso si reconoce dos cosas fundamentales que son las lecciones que dejó el primer borrador:
1. No todos los modelos son iguales, la regulación tampoco debería serlo.
Un banco tradicional, un banco 100% digital, una fintech, una plataforma digital de pagos y los monederos electrónicos certificados, no operan bajo la misma lógica. Tienen estructuras de costos, perfiles de riesgo y funciones económicas diferentes.
Una regulación que ignora esas diferencias no nivela la cancha: la inclina en contra de quien innova.
La pregunta que hoy tienen frente a sí Banxico y la CNBV no es si van a regular, es si lo harán con la precisión que exige un ecosistema de pagos cada vez más diverso.
2. Los instrumentos no financieros no son medios de pago, y no deben regularse como tal.
Herramientas como los vales de despensa y de combustible cumplen una función acotada, distinta a la de un instrumento de pago y ya se encuentran regulados de manera estricta por el SAT. Su naturaleza de monederos certificados es distinta al estar limitados en su uso, otorgados a solicitud de una empresa o entidad pública, cumpliendo un propósito social o fiscal delimitado y no uno financiero general. Como ejemplo de derecho comparado, la Unión Europea reconoce las diferencias y los excluye expresamente de su directiva de servicios de pago.
Aplicar ese mismo criterio en México evitaría someter a las empresas de vales al mismo régimen que un emisor financiero, con costos que no corresponden a su naturaleza.
No es un tecnicismo. Cerca de 10 millones de trabajadores mexicanos reciben vales de despensa, un beneficio que alcanza indirectamente a más de 40 millones de personas entre familias, comercios y cadenas de suministro. Encarecer ese modelo por una clasificación que no corresponde a su naturaleza no es un ajuste técnico menor: es arriesgar, sin quererlo, una de las prestaciones laborales más valiosas y consolidadas del país.
No es común que un regulador se detenga, escuche, se tome su tiempo para identificar las especificidades de cada actor y corregir el rumbo antes de que una normativa entre en vigor. Banxico y la CNBV lo hicieron. La evidencia ya está sobre la mesa, ahora toca convertirla en una mejor regulación.
La primera versión dejó una lección clara: tratar a todos por igual no resuelve el problema. La siguiente tiene la oportunidad de redirigir y distinguir entre lo que constituye un riesgo financiero y lo que forma parte de la infraestructura de bienestar social que beneficia a todos. Esa distinción, más que cualquier porcentaje o límite regulatorio, será la que determine si esta reforma impulsa un sistema de pagos más competitivo e incluyente o si, por el contrario, termina encareciendo modelos que ya han demostrado funcionar.
