La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 abre una discusión que debería ir más allá de cuánto dinero se destina a las mujeres. La pregunta relevante es si los recursos públicos están diseñados para transformar las desigualdades que limitan su autonomía económica, su desarrollo y el ejercicio de sus derechos. El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados asciende a 10.6 billones de pesos. El Anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, alcanza 636 mil 133 millones de pesos: 6.2% más en términos nominales y 2.8% en términos reales respecto de 2026. Son cifras que merecen reconocerse, pero que también obligan a examinar su composición, sus prioridades y sus resultados. Un presupuesto mayor no garantiza por sí mismo mayor igualdad sustantiva.
No todo el gasto destinado a mujeres es necesariamente gasto que transforma las desigualdades. Una parte significativa del Anexo 13 corresponde a grandes programas sociales que contribuyen al bienestar y fortalecen los ingresos de millones de personas, pero no necesariamente modifican las condiciones que reproducen la desigualdad entre mujeres y hombres. Las transferencias económicas pueden atender necesidades inmediatas pero, por sí solas, no eliminan las brechas salariales, la segregación ocupacional, las barreras para acceder a puestos directivos ni la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados. El desafío consiste en pasar de identificar recursos relacionados con las mujeres a demostrar cuánto contribuyen a cerrar brechas, ampliar oportunidades y garantizar derechos. La perspectiva de género debe expresarse en objetivos, instrumentos y resultados, no únicamente en una clasificación presupuestaria.
En este escenario, los cuidados y el bono de género que México está desaprovechando merecen especial atención. El bono de género es el potencial de crecimiento y bienestar que puede liberarse cuando más mujeres participan plenamente en la economía, en condiciones de igualdad. De acuerdo con una estimación del IMCO publicada en 2025, elevar la participación económica femenina al promedio de la OCDE hacia 2035 podría añadir 6.9 billones de pesos al PIB nacional acumulado de una década; se trata de un escenario condicionado, no de una ganancia automática. Sin embargo, millones de mujeres siguen enfrentando jornadas de cuidados no remunerados que restringen sus posibilidades de estudiar, trabajar, emprender y ascender. El Anexo 31, Consolidación de una Sociedad de Cuidados, contempla 475 mil 960 millones de pesos. Aunque su asignación aumenta 1.6% en términos nominales respecto de 2026, al descontar la inflación disminuye 1.6% en términos reales. Es decir, se asignan más pesos, pero con menor capacidad adquisitiva para atender las necesidades de cuidado de la población. Esa diferencia importa. Hablar de cuidados es hablar de derechos, pero también de productividad, talento, capacidades y desarrollo. Aprovechar ese bono exige servicios accesibles, infraestructura, corresponsabilidad entre Estado, empresas, comunidades y familias, así como indicadores sobre tiempo liberado y autonomía económica.
Otro elemento relevante es el fortalecimiento de la Secretaría de las Mujeres. Durante la discusión presupuestaria se aprobaron aproximadamente 362 millones de pesos adicionales para el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, con lo que el Ramo 54 alcanza 2 mil 631 millones de pesos. La ampliación es una señal favorable, aunque su alcance dependerá de que los recursos se traduzcan en capacidad institucional, presencia territorial, coordinación y servicios efectivos. Una Secretaría de las Mujeres fortalecida no debe limitarse a ejecutar programas: su valor estratégico también radica en conducir, articular y evaluar una política de igualdad transversal a toda la administración pública. La igualdad sustantiva no puede ser responsabilidad exclusiva de una dependencia ni quedar subordinada a las prioridades de cada sector. Exige conducción institucional, capacidad de incidencia en las decisiones presupuestarias y mecanismos de evaluación que hagan visibles los avances y las brechas persistentes.
México necesita vincular las asignaciones presupuestarias con diagnósticos de desigualdad, líneas base, metas verificables e indicadores de impacto. También requiere información pública que permita distinguir entre recursos etiquetados, gasto ejercido y resultados alcanzados. El sector privado tiene una responsabilidad complementaria: revisar sus prácticas de contratación, remuneración, promoción y cuidados para no seguir desperdiciando talento femenino.
El PEF 2027 ofrece avances, pero evidencia que la igualdad sustantiva demanda decisiones más profundas y una visión de largo plazo. Porque el éxito de una política pública no se mide únicamente por cuánto cuesta, sino por lo que consigue transformar.
